10 de noviembre del 2026
Durante la rueda de prensa del Congreso del Estado, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales destacó el impulso de dos iniciativas, una para crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias en Puebla y otra para reactivar el seguro de vida para el personal del Gobierno del Estado.
La legisladora dio a conocer que la primera propuesta tiene como objetivo identificar los incumplimientos en el pago de pensiones alimentarias y proteger el derecho a recibir alimentos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, mencionó que, aunque existen disposiciones para impedir que las personas deudoras alimentarias y aquellas inscritas en el padrón de violentadores participen en determinados procesos de selección de candidaturas, al momento de presentar las solicitudes de registro la información no está completa, debido a que no es proporcionada directamente por el Tribunal ni por las autoridades correspondientes.
Por ello, propuso la creación de un registro estatal en cuya operación participe la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que también emitirá los lineamientos correspondientes, donde las autoridades judiciales de Puebla enviarán mensualmente la información, que incluirá el nombre de la persona deudora, las iniciales de la persona acreedora, los datos del expediente y el monto adeudado.
Asimismo, planteó que el registro se integre y coordine con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, conforme a la normativa de protección de datos personales. Una vez cubierto el adeudo, la autoridad judicial competente cancelará el registro de oficio, siempre que no exista oposición fundada de la persona acreedora.
DIPUTADA PROPONE REACTIVAR EL SEGURO DE VIDA PARA PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
En cuanto a la segunda iniciativa, relacionada con el seguro de vida para el personal del Gobierno del Estado de Puebla, la diputada Fedrha Isabel Suriano explicó que busca
modernizar la ley de 1991 y reactivar una prestación que, de acuerdo con la exposición de motivos, lleva años sin aplicarse de manera efectiva.
La propuesta contempla una cobertura obligatoria de 40 mil pesos, con una cuota de 15 pesos quincenales que se descontará vía nómina, también establece que la designación de beneficiarios se realizará mediante una póliza por duplicado, la cual podrá modificarse en cualquier momento; el plazo para reclamar el seguro será de tres años a partir del fallecimiento o de la determinación de la incapacidad del trabajador.
Asimismo, plantea que una Junta, con representación de los tres poderes del Estado y de organizaciones de trabajadores, administre el fondo del seguro, los recursos podrán invertirse en instrumentos de bajo riesgo, con liquidez y respaldo federal.
La iniciativa contempla que las personas pensionistas conserven este beneficio, siempre que continúen realizando sus aportaciones.