30 de enero del 2026
Autoridades de Chiapas investigan una red dedicada al tráfico de actas de nacimiento para extranjeros en 12 municipios fronterizos, operación que ha derivado en tres detenciones.
La directora del Registro Civil en el estado, María Dolores Estrada Gordillo, confirmó que la investigación se originó tras detectar irregularidades en la oficialía del municipio de Tzimol. Según la funcionaria, el modus operandi consiste en subir documentos al sistema nacional mediante la falsificación de libros físicos.
Ante estos hechos, el Registro Nacional de Población (Renapo) intervino para anular los documentos detectados. En el municipio de Altamirano, se identificaron más de mil actas cargadas al sistema que carecían de firmas y huellas dactilares obligatorias, lo que permitió identificar la anomalía administrativa.
Costos y municipios afectados
De acuerdo con denuncias de la organización civil Digna Ochoa, estas actas de nacimiento se comercializan principalmente a ciudadanos de origen cubano y haitiano. Los costos de los documentos ilegales oscilan entre los mil 500 y los 2 mil 500 dólares por unidad.
Las investigaciones se extienden a una docena de demarcaciones en la franja fronteriza, donde se presume la participación de personal administrativo de las oficialías locales. Hasta el momento, el número total de documentos apócrifos en circulación es indeterminado, pero la auditoría continúa en coordinación con autoridades federales.
Penas por falsificación de documentos públicos en México
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de falsificación de documentos públicos conlleva sanciones severas para quienes participen en su elaboración o distribución. El Artículo 243 establece que, tratándose de documentos públicos, la pena será de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a trescientos sesenta días multa.
Si el falsificador es un servidor público, la pena se agrava. Según el Artículo 245, en el caso de que el delito sea cometido por un empleado de la administración estatal o federal aprovechando su cargo, la sanción puede incrementarse hasta en una mitad adicional a la pena original, además de la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.