Por MANUEL CENTENO:
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Febrero 02 del 2026.- El Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, señaló que será la Auditoría Superior del Estado, será la encargada de abrir la carpeta investigación, tras las denuncias en contra de la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, por presuntos sobrecostos en obras pública y un manejo irresponsable de los recursos públicos, prácticas que calificó como herencia de viejos estilos de gobierno.
Mediante rueda de prensa, el coordinador de gabinete, comentó que la administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta mantiene una postura firme a favor del uso responsable y transparente de los recursos públicos, particularmente ante los señalamientos de sobrecostos y opacidad financiera en obras municipales de San Andrés Cholula.
En referencia a los señalamientos realizados por el regidor con licencia de San Andrés Cholula, Raymundo Cuautli Martínez, quien denunció presuntos sobreprecios en obras públicas y falta de claridad en el manejo de más de 70 millones de pesos del erario municipal.
Entre los casos expuestos destacan la Radial a Cuayantla de 2.7 kilómetros presupuestada en 80 millones de pesos, así como la remodelación del Deportivo Quetzalcóatl, con un costo de 21 millones de pesos, montos que consideró excesivos.
Al respecto, el coordinador cuestionó el elevado costo de obras municipales, al señalar que se pretende destinar casi 40 millones de pesos por kilómetro, una cifra que consideró injustificable y ofensiva para la ciudadanía. Subrayó que el gobernador Alejandro Armenta ha escuchado directamente el reclamo de los vecinos, quienes la semana pasada manifestaron públicamente su inconformidad ante obras con costos inflados.
A su vez, afirmó que este tipo de prácticas responden a estilos de gobierno del pasado que “no se ajustan a la nueva realidad del país ni a las exigencias actuales de rendición de cuentas”.
García Parra afirmó que este tipo de decisiones evidencian una forma de gobernar que no ha entendido la nueva realidad del país, donde el ejercicio del poder exige transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, y no el enriquecimiento de gobiernos o constructoras a costa del erario.
En ese sentido, indicó que las denuncias públicas realizadas por actores políticos y ciudadanos deberán formalizarse ante las instancias correspondientes, como la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que se investiguen y revisen a fondo. Afirmó que cualquier irregularidad debe esclarecerse con base en la ley y no en narrativas políticas rumbo a procesos electorales.
“Estamos seguros de que en los próximos meses saldrán a la luz diversas irregularidades en varios municipios, y entonces no se podrá hablar de persecución política, sino de la revisión legítima del uso de los recursos públicos”, sostuvo el coordinador al respecto.
El funcionario enfatizó que el gobierno estatal no actúa con fines de persecución política, sino con el objetivo de garantizar resultados para la población. Añadió que la propia ASE ha mantenido observaciones millonarias sobre administraciones anteriores y que incluso se otorgaron prórrogas extraordinarias para que exautoridades municipales solventaran observaciones, evitando sanciones inmediatas.