Por MANUEL CENTENO:
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Abril 29 del 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fue presentada una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y ex funcionarios mexicanos, por su presunta participación en delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los señalados habrían establecido acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de beneficios políticos y económicos.
Entre los implicados también se encuentran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como ex mandos de distintas corporaciones de seguridad en el estado.
La acusación señala que los funcionarios habrían participado en acciones como la filtración de información confidencial, protección de cargamentos ilícitos y la obstrucción de operativos o investigaciones contra integrantes de la organización criminal.
El caso ha generado gran repercusión debido a que señala a autoridades en funciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Además, la imputación se da en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos, luego de que el gobierno mexicano solicitara pruebas sobre señalamientos previos relacionados con posibles nexos entre funcionarios y grupos delictivos.
Entre los delitos que se imputan se encuentran conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento de uso exclusivo, incluyendo ametralladoras y artefactos destructivos, así como otros cargos graves. En el caso de Juan Valenzuela Millán, ex mando policial, se agregan acusaciones por secuestro con resultado de muerte.
Según la investigación, algunos de los implicados habrían recibido pagos periódicos a cambio de brindar protección al grupo criminal, además de utilizar recursos institucionales para facilitar sus operaciones.
El expediente fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla, mientras que el anuncio fue realizado por el fiscal Jay Clayton, en coordinación con autoridades de la Administración de Control de Drogas (DEA).