27 de julio del 2026
Por Manuel CARMONA
Acaba de surgir una propuesta para acabar con los rechazados de la BUAP: que ya no haya rechazados.
Una solución tan simple pero al mismo tiempo tan inviable.
Si el examen de admisión incomoda, pues se elimina y asunto arreglado.
Todos dentro, todos felices, TODOS PROFESIONISTAS….aunque el resultado sea de pronósticos reservados.
La propuesta suena a justicia social, a democratización del conocimiento.
Nadie quedará fuera por no aprobar el examen, todos tendrán acceso a la universidad. El discurso es impecable: inclusión, igualdad, oportunidades. Pero detrás de la retórica se esconde un problema monumental: ¿qué pasará cuando la universidad deje de ser un espacio de excelencia y se convierta en un estacionamiento masivo de aspirantes sin ninguna preparación?
LOS PROS, claro, son fáciles de vender: más jóvenes con matrícula, menos frustración, más votos agradecidos. LOS CONTRA, en cambio, son devastadores: aulas saturadas, profesores rebasados, calidad académica en caída libre y, al final, profesionistas que no resisten la primera entrevista de trabajo. La universidad, que debería ser el filtro del conocimiento, se convierte en fábrica de títulos de papel.
El sarcasmo inevitable es que, bajo esta lógica, pronto podríamos extender la idea a otras áreas: médicos sin conocimientos básicos, ingenieros que confunden fórmulas con recetas de cocina, abogados que redactan demandas como si fueran cartas de amor. Todo en nombre de la inclusión.
Los promotores de la masificación universitaria, pierden de vista que la educación superior no es un derecho automático, sino un compromiso con la excelencia. Admitir a todos. no es democratizar, es diluir. Es confundir la puerta abierta con la rendición académica. Gobernar implica tomar decisiones, que fortalezcan instituciones, no debilitarlas para ganar aplausos fáciles.
La BUAP no necesita convertirse en un experimento populista. Necesita rigor, calidad y respeto por los estudiantes que sí se preparan. Porque al final, lo que está en juego no es la matrícula, sino el futuro de Puebla. Y ese futuro no se construye con profesionistas “chafas”, sino con ciudadanos capaces.
En política, las ocurrencias suelen disfrazarse de justicia. Pero ésta, más que justicia, de concretarse, terminaría por convertirse en un fraude académico plenamente avalado por el sistema educativo, con todo y sello oficial.